Esta medida ya ha sido contestada por los constructores civiles de Lisboa que han amenazado con recurrir a los tribunales si el Ayuntamiento lisboeta avanza con esta idea. El presidente de la Asociación de Empresas de Construcción y Obras Públicas (AECOP), Joaquim Carlos Fortunato, indicó que "esta política sólo tiene sentido en un régimen como el que existe en Cuba". "Una medida como ésta vulneraría todas las reglas de la economía de mercado, de transparencia y de competencia..." Sigue leyendo...