El pasado 15 de octubre, la Legislatura porteña sancionó la Ley Nº 3230, por la cual se prorroga la implementación del cupo laboral en el ámbito de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, postergando nuevamente las aspiraciones laborales de más de 5.000 inscriptos en el Registro Laboral Único para Aspirantes con Necesidades Especiales para Empleo Público, cuya gestión se encuentra en la órbita de la COPIDIS (Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad), dependiente de la Secretaría General del GCBA. Por otro lado, el fallo judicial que habilitó a la empresa Transfer Line, confirmado por la decisión de la Cámara integrada por los Dres. Marta Herrera y Carlos Manuel Greco, a no expedir pasajes gratuitos para personas con discapacidad en sus servicios es considerado un peligroso precedente que ya está por ser esgrimido por el resto de las empresas de autotransporte de pasajeros para cercenar definitivamente el derecho al transporte gratuito establecido por la Ley Nº 26.635, reglamentado por el Decreto Nº 38/04. De esta manera, el derecho al trabajo y al transporte continúan siendo postergados en pos de otros intereses. Sigue leyendo...

A través de una medida cautelar, la Justicia Federal obligó a la obra social de los universitarios de la provincia de San Luis (DOSPU) a cubrir la totalidad del tratamiento de fertilización asistida a un matrimonio puntano. Sigue leyendo...

Dos pacientes oncológicas lograron que el Estado financie sus tratamientos con medicación no incluida en el vademécum. El MSP queda expuesto a más reclamos. Los oncólogos dicen que están obligados a recetar el mejor tratamiento. Sigue leyendo...

En un fallo que sienta un precedente en el Reino Unido y podría ser visto con interés en el resto del mundo, incluyendo a América Latina, un grupo de familias británicas cuyos hijos nacieron con defectos físicos causados por la exposición a desechos tóxicos ganó ante el Tribunal Superior de Londres su batalla legal contra un municipio del centro de Inglaterra al que responsabilizaba de esas malformaciones. Sigue leyendo...

Buenos Aires (agencia Comunas, julio 14) La Asesoría General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Laura Musa (foto), dictaminó en la acción judicial iniciada por la Asociación Pro Familia que había impugnado la resolución 1174 del Ministerio de Salud. En esa resolución se establecían la reglamentación para el acceso a la interrupción del embarazo en aquellas mujeres enmarcadas en el artículo 86 del Código Penal. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires no se requiere intervención judicial alguna para autorizar el aborto si está encuadrado en los casos permitidos por nuestro ordenamiento jurídico. “El Gobierno está obligado a garantizar el aborto en los casos en que está permitido, sin imponer obstáculos para una práctica garantizada legalmente”, aseguró la Asesora General Tutelar. Laura Musa aclaró que “el rol del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad es velar para que se efectivicen los derechos a acceder a la práctica médica permitida para aquellas niñas y adolescentes y para que las mujeres afectadas en su salud mental que, encontrándose dentro de los supuestos previstos en el artículo 86 del Código Penal, elijan hacerlo”. Musa explicó, además, que el gobierno de la Ciudad al dejar afuera casos de violación cometidos contra mujeres que no sean “idiotas” o “dementes”, no cumple con su obligación de establecer las pautas para garantizar el acceso no punible en todos los casos alcanzados por la ley. El juez interviniente en el caso, Dr. Guillermo Scheiber, fue quien rechazó la medida cautelar solicitada por a Asociación Civil Pro Familia. La resolución fue confirmada por la sala I de la Cámara Contencioso Administrativa y Tributario. Sigue leyendo...

La Justicia ordenó la interrupción inmediata del embarazo, que sería de entre 13 y 14 semanas. El procedimiento de interrupción deberá concretarse en el hospital Artémides Zatti, de Viedma, bajo responsabilidad de su director, y con la asistencia profesional del cuerpo médico forense. El caso de la niña viedmense es similar al de muchos otros. Esa fue una de las razones por las que los jueces determinaron su voto favorable a la solicitud de la familia. Antes de la resolución, emitida el lunes pasado, se realizó una audiencia con la presencia de los padres de la menor, tres funcionarias judiciales, el director del hospital y seis médicos y profesionales de distintas áreas para analizar el caso planteado. Sigue leyendo...

La polémica en torno a la práctica de abortos no punibles volvió a encenderse esta mañana, apenas trascendió la decisión de la justicia rionegrina de autorizar a una adolescente de 13 años violada por la pareja de su abuela. Según se conoció hoy, la Cámara del Crimen Sala B en Viedma respondió a una acción de amparo presentada por los padres de la menor, quienes solicitaron autorización para que en el hospital local se realizara la interrupción de un embarazo de doce semanas de gestación. El caso no debería haber llegado a la Justicia. Tendría que haberse resuelto puertas adentro, con el pedido de los padres y el equipo de médicos del hospital. Es un tema muy privado", cuestionó la legisladora rionegrina Marta Milesi. Sigue leyendo...

Los embriones que se encuentran congelados en las clínicas de fertilización asistida tienen para la Justicia el status jurídico de personas, con todos sus garantías y derechos. Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones en lo Civil y la Corte Suprema de Justicia, al sostener que el Código Civil reconoce la existencia de la vida desde la concepción. Como consecuencia los embriones congelados deben ser mantenidos a resguardo, no pueden ser destruidos, no pueden ser utilizados en la investigación científica y, en caso de que las parejas decidan no utilizarlos, pueden ser donados, o en términos de la concepción legal vigente, adoptados. Sigue leyendo...

(AW) Elena Varela continúa detenida injustamente en las cárceles de su país. La Fiscalía Regional de Rancagua ha solicitado la pena de 15 años y un día., en un proceso repleto de irregularidades y pruebas infundadas. La documentalista está encarcelada por filmar y difundir documentales que relatan la situación del pueblo mapuche. Sigue leyendo...

La Corte Suprema escuchará a las comunidades y al gobierno provincial y nacional en una audiencia para determinar sobre la prohibición del desmonte en Salta. Los wichí cuentan cómo se las arreglan para defender su tierra y su medio de vida ante el avance permanente de las topadoras. “Será importante que la Justicia frene para siempre a los empresarios, pero más importante es que nos deje hablar por nosotros mismos, sin políticos ni iglesias ni ONG ni universidades en el medio. Ellos siempre nos usan”. “La ruta 86 es territorio indígena. Si viene la topadora, aunque se los permita la Corte, no la dejaremos pasar. Sabemos que el alambre es sufrimiento. Le pondremos nuestro lomo, seguiremos peleando. Y correrá sangre”. Sigue leyendo...