* 5 de agosto de 2009: María Dolores De Cospedal denuncia escuchas ilegales a dirigentes de su partido. * 31 de agosto de 2009: Esperanza Aguirre acusa directamente a Rubalcaba de ordenar las 'escuchas'. "Las escuchas el que las ha hecho, claramente, es el Gobierno. El señor Rubalcaba, con cumpleaños y sin él". Sigue leyendo...

Ejemplo de utilización, por parte del gobierno, de los servicios secretos españoles para espiar a políticos y con ETA de por medio. Sigue leyendo...

Todos los correos electrónicos, las visitas a páginas de internet y las llamadas telefónicas a través de la red que se realicen en el Reino Unido serán controladas por el espionaje británico. El Ministerio del Interior ha negado que el Gobierno tenga intención de promover una base de datos que centralice toda es información, pero no ha desmentido que ese control vaya a realizarse, aunque pueda almacenarse de otra manera. El GCHQ (siglas en inglés de Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, tercera pata de los servicios de seguridad británicos, junto al MI5 y el MI6, y especializado en escuchas) está desarrollando un programa secreto para instalar cajas negras en puntos neurálgicos de las comunicaciones por internet para poder controlar y supervisar todo el tráfico que se realiza a través de la red. Este proyecto ha salido a la luz pública de modo accidental, al poner un anuncio el GCHQ en la prensa especializada en nuevas tecnologías, solicitando un jefe para una operación llamada “Mastering the Internet” (MTI). El Gobierno ha tenido que admitir parte de estos planes, pero insiste en que no se espiará el contenido de correos electrónicos ni el de llamadas telefónicas, sino que el GCHQ se centrará en saber con quién establecen contacto y qué páginas web o chats visitan. 2.200 millones de euros para almacenar datos Hasta la fecha, las escuchas del GCHQ se reducían a las comunicaciones de determinadas personas sujetas a investigaciones policiales, previa autorización dada por el Ministerio del Interior. Ahora, en cambio, se pasará de controlar a unos pocos cientos de personas a poder supervisar los movimientos en internet de todos los ciudadanos. Recientemente la ministra de Interior, Jacqui Smith, anunció la dedicación de 2.200 millones de euros para ayudar a los proveedores de internet y de telefonía a almacenar durante un año todo los datos de las operaciones de sus clientes. Smith no desveló, en cambio, que la mitad de esa cifra ya ha sido invertida por el espionaje británico para su plan de “Mastering the Internet”. Liberty, la principal entidad en defensa de los derechos civiles del país, ha denunciado el afán del Estado británico por ejercer de “Gran Hermano”. “Nos oponemos a una gran base de datos que dé al Estado libre acceso a las comunicaciones de todo el mundo. Pero esa network de cajas negras consigue lo mismo por la puerta de atrás”, ha advertido Shami Chakrabarti, directora de Liberty. Sigue leyendo...

A lo largo de esta semana hemos ido conociendo lo que muchos ya denominan el "MadridGate": casos de espionaje a altos cargos y miembros del Partido Popular madrileño llevados a cabo por un grupo "parapolicial" que habría sido creado nada más y nada menos que por alguien del gobierno de la Comunidad de Madrid. Según el diario El País (periódico que ha destapado todo este escabroso y vergonzante enredo) el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, sopesó crear en junio de 2008 un 'CNI' legal al sentirse espiado. Un mes antes, Álvaro Lapuerta avisaba a Mariano Rajoy de que le estaban espiando y atribuía los seguimientos a altos cargos del Gobierno madrileño. Sigue leyendo...

El ex tesorero nacional del PP Alvaro Lapuerta informó al presidente de su partido, Mariano Rajoy, de que había espionajes en el seno de la Comunidad de Madrid, según publica en su edición de este doingo el diario El País, que afirma que el propio Rajoy ha confirmado estos hechos a través de un portavoz. En concreto, Lapuerta denunció que él mismo estaba siendo vigilado y de que sospechaba que detrás de ello se encontraban elementos parapoliciales al servicio de altos cargos de la Comunidad. Lapuerta no culpó de estos hechos a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y achacó este seguimiento sobre su persona a las críticas que había vertido contra determinadas adjudicaciones del Gobierno regional que consideraba sospechosas, siempre según 'El País'. "Avisé a Rajoy en mayo de 2008 de que estaba siendo espiado, pero el resto de detalles y de mis sospechas prefiero dejarlas en reserva", afirma textualmente el periódico citando palabras de Lapuerta. Según El País, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, encargada de la investigación interna de los espionajes en en la Comunidad de Madrid, ha sido informada de las advertencias que efectuó Lapuerta. También está al tanto al antiguo consejero regional de Justicia y actual miembro de la dirección del PP Alfredo Prada. El diario asegura que, además de Alvaro Lapuerta, fue espiada la diputada autonómica del PP María del Carmen Rodríguez y aporta como prueba una copia de un supuesto parte de seguimiento fechado el 27 de mayo. El nombre de la diputada aparece a bolígrafo, bajo la matrícula de un coche de su propiedad. Sigue leyendo...

El secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juna José Güemes, ha afirmado este sábado que el diario El País ha creado una "gran mentira" y ha instado al periódico a pedir perdón a sus lectores y al Gobierno madrileño por la información publicada respecto a una supuesta trama de espionaje en la Ejecutiva regional. Según ha señalado Güemes durante su asistencia al I Foro Abierto del PP, el redactor que ha firmado estas noticias, Francisco Mercado, tuvo que "reconocer" ayer, durante su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, "que no tenía ninguna prueba" de que el Gobierno de la Comunidad tuviera relación con los informes que publicó El País. "Y encima tuvo la caradura y la desfachatez de decir que él no había acusado a la Comunidad de Madrid de tener relación con una red de espionaje", ha apuntado el consejero madrileño de Transportes. Además, el consejero ha aconsejado a El País que considere si le conviene seguir contando con los servicios del periodista Francisco Mercado, quien "ya tiene muchos antecedentes de fabricar noticias falsas". Desmentido "Los editores deberían plantearse si les conviene, para sus lectores y para la calidad del periódico, el seguir dejando que un redactor pueda fabricar cuatro o cinco portadas falsas", ha sentenciado. Güemes ha desmentido "rotundamente" la existencia de la citada "trama de espionaje" y ha acusado al periódico de utilizar la "insinuación" como hilo conductor para lograr que todos los documentos publicados apunten al Gobierno de Esperanza Aguirre como responsable de los casos de espionaje a algunos miembros de esa misma ejecutiva y del Ayuntamiento de la capital. Asimismo ha señalado que la Comunidad emprenderá acciones legales contra los responsables de fabricar "esas noticias falsas, entre ofensivas y calumniosas", y "llegará hasta el final", porque "estamos en un Estado de Derecho y aunque no le guste a El País, quien tiene que demostrar es quien hace la acusación". Respecto a las declaraciones de algunos miembros de su partido, que han asumido como verdaderas las informaciones el diario, el secretario de Comunicación ha indicado que "la caradura y la desfachatez" de estas noticias "ha podido llevar a algunos a la conclusión de que tienen algo de verdad, pero va pasando el tiempo y cada vez está más claro que se trata de una gran mentira". Sigue leyendo...

No sólo los altos cargos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento han sido investigados en los últimos meses por ex agentes de la Policía y la Guardia Civil. El polémico presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, fue también una de las víctimas de los equipos de seguimiento que se han creado, según han confirmado a elEconomista fuentes próximas a la Benemérita. Varios ex agentes habrían participado en estas labores. En algunas ocasiones, Blesa fue seguido fuera del trabajo, encontrándose en la vía pública y en compañía de personas de su círculo más íntimo. Todo parece indicar que existen, al menos, dos equipos de investigación distintos en la trama, aunque con el mismo objetivo: el poder en el Partido Popular y en la entidad financiera. Fuentes cercanas a la Comunidad de Madrid insisten, no obstante, en que se barajan varias hipótesis en torno al seguimiento al que ha sido sometido también alguno de sus altos cargos, como Ignacio González, vicepresidente, portavoz del Ejecutivo autonómico y mano derecha de Aguirre. Al margen de la batalla de poder en Caja Madrid y en el Partido Popular, se especula también con la posibilidad de un encargo por parte de un empresario privado. Distanciamiento Miguel Blesa es presidente de Caja Madrid desde el año 1996 y está estrechamente ligado al alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, que trata de mantenerle ahora a toda costa en el cargo. Una gestión marcada por los escándalos, especialmente durante los meses que duró la guerra de ofertas por Endesa, provocaron la división en la caja y las primeras peticiones de cese. Las labores de espionaje realizadas por los equipos de seguridad en la Comunidad de Madrid habrían empezado en abril, poco después de que se celebraran las elecciones generales, tras la derrota de Mariano Rajoy y en pleno debate por su sucesión. De acuerdo con las fuentes consultadas, el origen sería, de hecho, una lucha por el poder en el Partido Popular. Sigue leyendo...

Ex agentes que trabajan para la Consejería de Interior como asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid espiaron en los meses previos al congreso nacional del PP en 2008 a Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia y único miembro del Gobierno de Esperanza Aguirre que había manifestado públicamente su apoyo al líder del PP, Mariano Rajoy, según publica el diario El País. Por otro lado, el vicepresidente de Esperanza Aguirre adjudicó un contrato de 33 millones a Segurisa. Alfredo Prada ha estado en los micrófonos de la Cadena SER y ha señalado que al conocer que él mismo había sido objeto de la trama de espionaje destapada en la Comunidad de Madrid se sintió indignado: "Ayer estaba indignado y cuando hoy lees que has sido objeto de todo tipo de seguimientos y que esa investigación llega a alcanzar a tu mujer, a tus hijos menores. Indignación es un calificativo muy suave". "Parece ser sin duda que eran personal de la Comunidad de Madrid que, por orden de no sé quién, pero es muy importante que se sepa, cometían una actividad ilegal con utilización de fondos públicos. Es un delito grave y debe recaer el peso de la ley sobre los responsables, encubridores, cómplices... y encima con fondos públicos la gravedad se acrecienta mucho más", ha pedido Prada. El equipo de seguridad de Granados Alfredo Prada ha querido dejar claro que el equipo de espionaje creado por Francisco Granados fue anterior a su llegada: "No tuve nada que ver en la formación de ese equipo. Algunos del equipo de seguridad estaban desde la época de Joaquín Leguina. El nuevo equipo es reciente, creado en septiembre de 2008. Yo durante cuatro años que fui responsable le puedo decir que nos dedicamos a poner en más de 100 pueblos de Madrid 2.500 policías en convenio con ayuntamientos de todo color político, algo que caló muy bien, un proyecto de policías dedicados sólo a la seguridad ciudadana. En junio de 2007 termina mi mandato, sigo como vicepresidente, pero ya dejo la función de seguridad que continúa el señor Granados". Aguirre preocupada por los hechos La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre ya ha pedido a la Fiscalía que investigue los hechos. Prada cuando se enteró de los acontecimientos se puso en contacto con Aguirre: "Hablé ayer con ella y se comprometió conmigo a que iban a desmentir la información y así lo hicieron sin ningún género de dudas". El diputado regional de la Comunidad de Madrid no ha dudado a la hora de asegurar que acudirá a la Justicia: "Sí, voy a presentar denuncia. La indignación en lo personal y familiar debe trasladarse al ámbito de la responsabilidad penal. Evidentemente voy a presentar una denuncia y sopeso pedir amparo a la mesa de la Cámara Regional porque creo que es una vulneración de todo tipo de derechos y la Cámara no puede estar ajena. La Justicia debe intervenir de forma urgente. No sé lo que mañana podremos leer. La Fiscalía debería actuar de forma urgente y conocer los responsables de estos hechos delictivos muy graves". Crisis interna del PP Tras revalidar su liderazgo en el PP, Rajoy nombró a Alfredo Prada como responsable de exterior de la nueva dirección 'popular'. El 25 de junio de 2008, Esperanza Aguirre destituyó a Prada como consejero de la Comunidad de Madrid. Según el citado periódico, estos asesores también "vigilaron" desde "tres meses" antes del congreso nacional celebrado en Valencia al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, alineado igualmente con el sector que mantenía su apoyo a Rajoy al frente del PP. Los ex agentes iban de un "objetivo" a otro en sus seguimientos, de los que dejaban constancia en partes diarios e incluían actividades de Prada como citas privadas, comidas de trabajo o actos públicos, según revela 'El País'. Sigue leyendo...

Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid, posee su propio Centro Nacional de Inteligencia o servicio de espionaje formado por ex policías y ex guardias civiles. La organización recaba datos reservados al margen de la legalidad en temas tan escabrosos como la corrupción de Ciempozuelos o la 'Operación Bloque'. La formación lleva a cabo tareas de "contravigilancia y de seguridad de los edificios autonómicos", según señala El País aunque el diario aclara que el trabajo del equipo de Granados es "realizar informes reservados cuyos resultados sólo conoce, supuestamente, el consejero". Informadores dirigidos por un ex inspector de policía El equipo está fomado por más de una docena de personas que al haber formado parte de las filas policiales o de la guardia civil poseen facilidad para conseguir ciertos datos de los que informan a Granados. Los 'informadores' están dirigidos por el ex inspector de policía Marcos Peña quien, por ejemplo, en el caso de Coslada, explica que llevó a cabo una investigación paralela a la policial en la que asegura haber conocido al elaborar su informe "todas las complicidades con las que contó el jefe de la policía municipal de Coslada", explica en El País. El caso de Ciempozuelos, las irregularidades en las discotecas de Madrid y los últimos sucesos con los porteros de discotecas. El problema de este equipo de trabajo de Granados es que con dinero público y el amparo del Gobierno regional, quienes aseguran que les sorprende los últimos fichajes de Granados pero que "desconocen a qué se dedican", llevan a cabo labores propias de una agencia de detectives. "A Granados le venían las hostias de todas partes y tenía que saber de dónde le venían", dice Peña Sigue leyendo...

Otro escándalo en la gestión CFK?. GRAVISIMO !!!!!! - - - - - - - Habría contundentes pruebas de que las operaciones se harían bajo el amparo de altos funcionarios gubernamentales. Mas clarito, Anibal Fernandez La investigación que llevan adelante la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Alberto Gentili por un supuesto caso de espionaje clandestino estaría a punto de hacer explotar otro escándalo más en la ya demasiado golpeada gestión de Cristina Fernández de Kirchner. El escándalo comenzó semanas atrás cuando el director de Informática de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Catoira, denunció que la computadora del presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, había sido hackeada. Sigue leyendo...