El pasado 15 de octubre, la Legislatura porteña sancionó la Ley Nº 3230, por la cual se prorroga la implementación del cupo laboral en el ámbito de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, postergando nuevamente las aspiraciones laborales de más de 5.000 inscriptos en el Registro Laboral Único para Aspirantes con Necesidades Especiales para Empleo Público, cuya gestión se encuentra en la órbita de la COPIDIS (Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad), dependiente de la Secretaría General del GCBA. Por otro lado, el fallo judicial que habilitó a la empresa Transfer Line, confirmado por la decisión de la Cámara integrada por los Dres. Marta Herrera y Carlos Manuel Greco, a no expedir pasajes gratuitos para personas con discapacidad en sus servicios es considerado un peligroso precedente que ya está por ser esgrimido por el resto de las empresas de autotransporte de pasajeros para cercenar definitivamente el derecho al transporte gratuito establecido por la Ley Nº 26.635, reglamentado por el Decreto Nº 38/04. De esta manera, el derecho al trabajo y al transporte continúan siendo postergados en pos de otros intereses. Sigue leyendo...

Aunque el senador por Córdoba Carlos Rossi asumía que había que ceder en algunos puntos y se lamentaba por el veto presidencial, de todos modos felicitó a Daniel Filmus por su política de "consensos" para lograr una nueva ley de protección de glaciares. Hoy crece la preocupación en un importante sector ambientalista que afirma que el nuevo texto, lejos de proteger los glaciares, "reglamenta la entrega". Sigue leyendo...

José Miguel Bonet, el autor es médico y politico. Ejerció la profesion en Buenos Aires y Madrid. Miembro fundador de la juventud radical de renovacion y cambio. Co-director del colegio mayor argentino en Madrid. Asesor de la comision de ciencia y tecnologia del senado de la nacion. Sigue leyendo...

El gobernador de la provincia de Río Negro, Miguel Saiz, reglamentó la ley de muerte digna. En este sentido, su autora, la legisladora provincial rionegrina Marta Milesi (foto), dijo ayer que figuras de la Iglesia Católica, como el ex obispo de Río Negro Miguel Hesayne, "permitieron que la sociedad tenga posiciones de avanzada a diferencia de otros lugares del país", en referencia a la reciente reglamentación de la ley de muerte digna en la provincia. "Soy la autora de esta ley, pero ella no existiría sin un acompañamiento general de sectores con miradas diferentes. Se trata de «derechos personalísimos» en los que fue clave la posición de la Legislatura, por unanimidad o por amplia mayoría. También del Ejecutivo, que podría haberlas vetado", sostuvo Milesi. La semana pasada el gobernador Miguel Saiz reglamentó la ley B4264, sobre el "derecho a la calidad de vida y a la dignidad de los enfermos terminales", decreto que incluyó el formulario de información fehaciente para pacientes que anticipan su rechazo a procedimientos médicos dolorosos que producen gran padecimiento. El decreto 839 reglamentó la ley promulgada el 19 de diciembre de 2007 y consignó que aún quedan varios artículos por reglamentar. "En el caso de la muerte digna, la Iglesia no nos acompañó pero tampoco se opuso activamente. Hubo una carta de los obispos criticándola, pero no hicieron otra presentación y eso es muy significativo", afirmó. En la nueva ley se establecen las características de las enfermedades irreversibles, incurables y terminales; además del procedimiento de reanimación artificial, las medidas de soporte vital, las cuestiones de la agonía, su prolongación innecesaria, el sufrimiento inevitable y el confort del paciente. La diputada Milesi destacó que esta ley no significa "en manera alguna" un aliento a la eutanasia. "La diferencia esencial es que la eutanasia significa una acción activa, mediante la introducción de una sustancia, para detener la vida", sostuvo. Milesi también promovió normas referidas a la píldora del día después, los cuidados paliativos para enfermos terminales y el aborto no punible, que avanzaron pese a las controversias desatadas. l (Télam) Sigue leyendo...

La norma habilita a los pacientes para que puedan expresar su voluntad de que no les apliquen o les retiren medidas de soporte vital conducentes a una prolongación innecesaria de la agonía, y que mantengan en forma penosa, gravosa y artificial la vida. Sigue leyendo...

La norma habilita a los pacientes para que puedan expresar su voluntad de que no les apliquen o les retiren medidas de soporte vital conducentes a una prolongación innecesaria de la agonía, y que mantengan en forma penosa, gravosa y artificial la vida. Sigue leyendo...

El Congreso argentino sancionó la ley que crea el Instituto Nacional de Medicina Tropical con fines de investigación, el pasado 28 de octubre. El nuevo centro realizará además acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades propias de climas cálidos que, con el calentamiento global, afecta a zonas cada vez más importantes del territorio nacional. Sigue leyendo...

El paquete, diseñado para ampliar la cobertura médica al 96 por ciento de la población norteamericana, fue aprobado en la Cámara de Representantes con una ajustada mayoría de 220 a 215 legisladores. Fue vital el último empujón de Obama. Sigue leyendo...

Con una nutrida concurrencia y alta participación de organizaciones de familiares y asociaciones de profesionales, se realizaron en la Cámara de Diputados de la Nación las Jornadas sobre Enferemedades Poco Frecuentes (EPF) y Políticas Públicas, convocadas por el Diputado Gorbacz y la Comisión de Salud. El objetivo de la convocatoria fue discutir una serie de proyectos de ley con estado parlamentario. Sigue leyendo...

La Industria Farmacéutica de Investigación (IFI) de Ecuador, que congrega a 14 laboratorios de compañías trasnacionales, aceptó la decisión del Gobierno nacional de eliminar patentes para facilitar la producción libre de ciertas medicinas. La IFI, que aglutina a laboratorios de compañías como Bayer y Pfizer, indicó en un comunicado que acepta la decisión del Gobierno ecuatoriano, aunque se lamentó de que la misma no haya sido discutida con el gremio que representa. Agregó que la IFI "reconoce el esfuerzo realizado por el Gobierno" para aplicar "un mecanismo excepcional" establecido en normas nacionales e internacionales, "como es el uso del recurso de licencias obligatorias para patentes de medicamentos que sirvan para combatir y mitigar enfermedades de interés público". "Somos conscientes de que ningún derecho de cualquier índole se superpone a los intereses de salud pública, sobre todo en circunstancias de especial gravedad", por lo que "aceptamos democráticamente esta decisión", remarca el texto de la IFI. No obstante, la organización farmacéutica insistió en que no comparte el argumento oficial de que las patentes impiden la producción de medicinas baratas para asistir a los sectores más necesitados de la población. Sigue leyendo...