Ignoramos cuántos trajes es posible comprar en Milano con 203.000 dólares "subterráneos", pero la cantidad y su "ocultamiento" son lo bastante importantes como para que la figura del juez Baltasar Garzón se vuelva absolutamente incompatible con la de un campeón de la honradez cuyo dedo índice determina el porvenir de personas que podrían recibir lecciones de comportamiento de cualquiera menos de él. Si recibir de regalo 12.000 euros en trajes es constitutivo de delito -como se argumenta en la instrucción del caso Gürtel a propósito de Francisco Camps y otros dirigentes del PP valenciano-, mucho más delictivo y grave parece el comportamiento habitual de este magistrado, que es invitado a cazar y recibe dádivas de personas cuyos intereses son susceptibles de dirimirse en su juzgado. Los hechos que el Tribunal Supremo denunció este lunes ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre Garzón son más merecedores del reproche social y resultan sin duda más escandalosos que los que el afamado juez describe en su auto contra el presidente de la Comunidad Valenciana. El Alto Tribunal ha puesto en conocimiento del CGPJ que el mismo magistrado que aspira a presidir la Audiencia Nacional ocultó el cobro de 203.000 dólares por diversas actividades docentes desarrolladas en el Centro Rey Juan Carlos I de España y en el Centro Derecho y Seguridad -dependientes de la Universidad de Nueva York- durante los 15 meses que estuvo de permiso. Como subraya el diario El Mundo en su editorial, este engaño le permitió eludir la preceptiva petición de compatibilidad para seguir cobrando su sueldo como magistrado y podría ser constitutivo de una falta «muy grave», según la Ley del Poder Judicial. Entre marzo de 2005 y junio de 2006 Garzón dio conferencias, impartió clases y organizó coloquios en EEUU, ocupaciones por las que percibió 21.151 dólares en dietas, más 160.333 en concepto de «sueldo», más otros 21.650 dólares con los que el citado centro pagó la matrícula de la hija del juez en la Escuela Internacional de Naciones Unidas. El magistrado evitó solicitar al CGPJ una compatibilidad que difícilmente el órgano de los jueces podía haberle concedido de saber que iba a entrar en nómina en la Universidad de Nueva York. Al pedir la licencia de estudios en diciembre de 2004, Garzón aseguró que no había acordado una «remuneración específica», y tampoco dijo nada cuando al año solicitó al CGPJ prorrogar su permiso de estudios otros seis meses. Es difícil creer que el magistrado desconociera cuáles serían sus retribuciones antes de ir a Nueva York, pero -en cualquier caso- su obligación era haber comunicado que sí estaba cobrando cuando renovó su beca. La trampa de Garzón ha salido a la luz a raíz de una querella desestimada presentada contra él por prevaricación y cohecho, ya que, a su vuelta a España, dio carpetazo a una denuncia contra los directivos de la misma entidad bancaria que patrocinaba a uno de los centros que pagaron su jugoso periplo. Sin entrar en el archivo de esta querella, qué duda cabe de que la apariencia de honestidad de un magistrado es un patrimonio esencial del Estado de Derecho y que, con su ocultación deliberada al CGPJ, Garzón ha estafado al erario su sueldo como juez durante el tiempo que estuvo cobrando como conferenciante en EEUU. Su comportamiento supone además un insulto a los 4.700 jueces que trabajan honradamente sin esperar las prebendas que el titular del juzgado número 5 de la Audiencia suele lograr ni la indebida protección que le dispensa el CGPJ. No es difícil imaginar que sus protectores en el Consejo tratarán de tapar la golfada de Garzón con la tesis de una dudosa prescripción.Pero en ese caso habría que actuar contra ellos porque el órgano de gobierno de los jueces ha tenido ya ocasión de esclarecer estos hechos. Hoy una nueva denuncia sobre este asunto llegará al CGPJ. Ni el Consejo puede actuar negligentemente para blindar la impunidad del mediático juez, ni un magistrado que incumple la ley y escatima la verdad para cobrar dos sueldos está legitimado para instruir casos de corrupción y estafa en la Audiencia Nacional. Sigue leyendo...

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha acusado esta mañana al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de aceptar regalos de cuantía superior a los que presuntamente recibió el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Además, dijo tener la impresión de que el magistrado "ya ha hecho todo el daño mediático que quería hacer contra el PP". En declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, Aguirre dijo "no atreverse" a calificar las actuaciones llevada a cabo por Baltasar Garzón y apuntó que el juez no se ha inhibido en la presunta trama de corrupción sino que "se ha quedado con todo el caso, excepto por lo que se refiere a los aforados". "Aquello de lo que se le acusa a Francisco Camps es inferior en cuantía a los regalos que ha aceptado Garzón", remachó. "Garzón si puede me hace un traje a mí. Vamos a procurar evitar que ocurra", bromeó la presidenta del Gobierno regional. A su juicio, en este tipo de casos aparecen imputados de "dos clases", por una parte los del Partido Popular, quienes parecen ser "malos malísimos y que ya están condenados de entrada", y por otra "los condenados del PSOE", que da la impresión de que "no ha hecho nada". "Pobrecitos", ironizó, para recalcar que debe ser la Justicia la encargada de pronunciarse en los procesos. Estas declaraciones llegan tras la publicación ayer del auto de Garzón, en el que sotiene que los nuevos imputados en la operación Gürtel, entre los que se encuentran los alcaldes de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, ambos del PP, habrían cobrado más de tres millones de euros en concepto de comisiones a cambio de adjudicaciones a las empresas del presunto cabecilla de la trama Francisco Correa. En concreto, todos ellos habrían percibido 3.297.566 euros que en la mayor parte de los casos cobraron en efectivo y en sobres personales. El magistrado destaca que los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor habrían percibido de las empresas de la trama investigada las cantidades de 563.000, 437.166 y 255.562 euros, respectivamente, lo que sumaría un total de 1.250.728 euros. Sobre los nuevos imputados, citados para el próximo día 18, Garzón detalla que el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, habría percibido 1,3 millones de euros; y que las comisiones para el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero y su director general Tomás Martín habrían ascendido a 510.000 euros, a los que habría que sumar otros 378.172 que habría cobrado este último en solitario. Los argumentos del juez Garzón asegura que la organización de Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del PP a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de dicho partido sita en la calle Génova de Madrid y que convirtieron a su empresa Special Events en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política". El presunto líder de la trama desarrolló "un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público" facilitaban la entrada de sus empresas en la Administración que gobernaban. El magistrado añade que, para ganarse el favor de los políticos, Correa entregaba "dádivas" de todo tipo, "desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos". El sistema funcionó entre 1996 y 2004, cuando los cambios en la dirección del PP se tradujeron en la desvinculación del partido de las empresas de Correa, que trasladó sus actividades a Valencia, para lo que creó una sociedad -Orange Market- cuyo responsable, Álvaro Pérez, "El Bigotes", tenía "buenas relaciones" con personas que ocupan cargos de responsabilidad en el PP y en la Generalitat. Sigue leyendo...

El caso Gürtel dio ayer un giro sorprendente. Baltasar Garzón, como le habían pedido la Fiscalía Anticorrupción y el PP, se inhibió en favor de los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana. Pero antes de desprenderse del sumario, el juez de la Audiencia Nacional encendió una ruidosa traca final: dos autos judiciales en los que sugiere que hubo financiación ilegal del PP de Valencia; apunta directamente a su presidente, Francisco Camps, y a su número dos, Ricardo Costa; y sostiene que diputados autonómicos y alcaldes de Esperanza Aguirre cobraron sobornos millonarios de la trama corrupta. Entre ellos Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex marido de la número tres de Mariano Rajoy y vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato. En uno de los autos dictados ayer, en el que se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, Garzón afirma que la trama dirigida por Francisco Correa se gestó, entre 1996 y 2004, "a partir de una relación directa con responsables del PP que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de dicho partido". Uno de esos dirigentes, según el juez, era Sepúlveda, que antes de ser elegido alcalde de Pozuelo, en 2003, fue secretario de Acción Electoral del PP durante la etapa de José María Aznar y responsable de la organización de las campañas electorales del entonces máximo líder del partido. Sepúlveda y Mato pertenecían al llamado clan de Valladolid, el grupo de jóvenes promesas del PP que rodeó a Aznar cuando éste fue presidente de la Junta de Castilla y León, y cuya fidelidad premió más tarde otorgándoles cargos de responsabilidad en la dirección nacional del partido. El actual alcalde de Pozuelo fue gerente del PP en aquella comunidad autónoma entre 1987 y 1991, con Aznar de presidente regional, y después secretario ejecutivo de Acción Electoral en la sede de la calle Génova. Mato ocupó el cargo de asesora y subdirectora del Gabinete de Aznar en Castilla y León, hasta que éste la ascendió, en 1996, a la Ejecutiva nacional del partido. El auto de Garzón señala que Correa desarrolló "un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que, o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido, o bien, una vez que obtenían un cargo público, facilitaban la entrada de las empresas de Correa en la Administración que gobernaban". Y añade Garzón: "En Pozuelo de Alarcón consiguió la Alcaldía una persona de su confianza en el PP y con la que ya había trabajado, Jesús Sepúlveda". Sepúlveda, Mato y García Escudero Correa, en efecto, trabó amistad con Sepúlveda cuando éste desembarcó, de la mano de Aznar, en la dirección nacional del PP. El entonces responsable electoral del partido mantuvo una estrecha relación con el presunto cerebro de la trama, ya que durante esos años Sepúlveda fue el encargado de organizar los actos de campaña del PP. La última campaña en la que participó el ex marido de la número tres de Rajoy fue la de las autonómicas y municipales del 25 de mayo de 2003, que fue coordinada por la propia Mato -su matrimonio con el ahora alcalde de Pozuelo aún no se había roto por esas fechas- y por el entonces responsable de Organización, Pío García Escudero. En el auto se indica que "previamente a que el señor Sepúlveda fuera alcalde de Pozuelo, era una de las personas que organizaban los eventos del PP, y ofertó a Francisco Correa que fuera su empresa Special Events la que llevara esos eventos. Una vez que Jesús Sepúlveda ganó las elecciones en Pozuelo, el grupo empresarial investigado empezó a hacer eventos para ese municipio". Garzón argumenta que para "ganarse el favor" de Sepúlveda -primero en la sede de Génova y más tarde en la Alcaldía de Pozuelo- y de otros dirigentes del PP, Correa "entregaba dádivas de todo tipo, desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos. De esta forma consiguió crear una relación estable con dichas personas, ganando su confianza a la vez que favorecía la obtención de negocio para sus empresas". El ex marido de Mato, según el juez, "aparece en la contabilidad B" de las empresas controladas por Correa. "La cantidad total que resultaría a favor de Jesús Sepúlveda sería de 422.992 euros", según el auto, dinero que el cerebro de la trama le entregó "en sobres" o ingresó directamente en una cuenta abierta por el alcalde de Pozuelo en una sucursal del BBVA. Más de cuatro millones en sobornos Según se desprende del auto, Correa repartió más de cuatro millones de euros entre el propio Sepúlveda; los diputados autonómicos del PP Alberto López Viejo -ex consejero de Deportes de Aguirre-, Benjamín Martín Vasco -ex presidente de la comisión de investigación sobre la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid- y Alfonso Bosch; el alcalde de Arganda del Rey ( Sigue leyendo...

Bermejo ha caído, cosa inaudita en el gobierno Zapatero. En poco más de dos años -tomo posesión el 9 de febrero de 2007- Bermejo tiene el dudoso honor de no haber evitado una huelga de funcionarios de justicia y de ser el primer ministro de Justicia al que se le han declarado en huelga los jueces, reflejo de un malestar entre la judicatura por la escasez de medios y por la injerencia de la política. Jueces por la Democracia pedía su reprobación la semana pasada. Que la asociación judicial cercana a los socialistas rompiese con el ministro ya revelaba la debilidad de los apoyos con que contaba Bermejo dentro y fuera del PSOE. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la cacería con Garzón después de que el juez de la Audiencia Nacional instruyera un caso por presuntos casos de corrupción relacionados con el PP. A la cena posterior a la cacería acudió también el jefe de la policía judicial que había hecho efectivas las órdenes del juez. La cacería de Bermejo con Garzón ha conseguido desplazar los puntos de mira en contra del PSOE cuando deberían estar apuntando al PP. Por supuesto nadie se cree que esta dimisión ha sido voluntaria, según Bermejo acudió al Palacio de la Moncloa y volvió a pedir a Zapatero que deseaba ser relevado en su cargo, argumentando que no deseaba interferir en la buena imagen del proyecto del Gobierno. Pero lo cierto es que sus compañeros no ocultaban el malestar: “La cacería del ministro Bermejo con el juez Garzón no ha gustado a ningún socialista”, aseguraba López en una entrevista en el diario “El Mundo” En consonancia con estas declaraciones, el presidente del Congreso, José Bono, decía en Onda Cero que el episodio de la cacería no “gusta nada” a la “inmensa mayoría” del PSOE “por diversas circunstancias” y que “las últimas de la licencia no son nada desdeñables”. Bermejo, a diferencia de Magdalena Álvarez, no era un hombre del aparato socialista y por tanto no gozó nunca de la simpatía del partido más allá de los círculos cercanos a Zapatero, tampoco tenía ningún barón de su lado, profesionalmente aún contaba con menos valedores, por tanto su cabeza ha acabado rodando ante una metedura de pata que ha mellado seriamente la imagen del PSOE ante la opinión pública justo antes de unas elecciones. Su sustituto parece un burócrata, Frascisco Caamaño, hasta ahora secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, no tiene un perfil tan polémico como Bermejo, aunque fue uno de los principales agentes en la negociación del Estatuto catalán cuando este fue remitido en 2005 a las Cortes para su tramitación. Garzón se queda solo Ahora nos explicamos la oportuna crisis de ansiedad de Garzón este fin de semana. La dimisión de Bermejo deja en muy mal lugar al divo de los jueces. Si el ministro no debió reunirse con el juez, y por eso dimite, tanto monta, monta tanto, ¿no debería irse también Garzón? López ya le ha criticado, afirmando que el juez de la Audiencia Nacional “debería ser menos juez estrella y hacer su trabajo en silencio”. Sin duda el paso siguiente a la dimisión de Bermejo debería ser el abandono de la carrera judicial por parte de Garzón. Sigue leyendo...

El coto jiennense de Cabeza Prieta, donde el 8 de febrero compartieron charla y postas el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, está catalogado como espacio para la caza menor en el plan de gestión del parque natural de Sierra Mágina. La normativa permite abatir allí ciervos, gamos y muflones. Jabalíes, no. Pero se cazaron cinco. Explica Javier López en ABC que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica en el número 71 del 13 de abril de 2004 el decreto 57/2004, de 17 de febrero, por el que se aprueba el plan de ordenación de los recursos y el plan rector de uso y gestión de Sierra Mágina, instrumentos que tienen como principal objetivo la protección del parque, incluida su flora y su fauna. En el parque, añade, existen 20 cotos privados de caza y unas pequeñas áreas de terrenos de aprovechamiento cinegético común en el municipio de Albanchez de Mágina. Los cotos de mayor superficie pertenecen a las sociedades de cazadores locales, realizándose caza menor y caza de jabalí. En el resto de cotos, la mayoría de titularidad particular, se realiza igualmente estos tipos de aprovechamiento, salvo en el coto Los Amigos, facultado para la caza mayor. Expresamente prohibido En el coto Cabeza Prieta, cuya matrícula del plan técnico es J-11258, está permitida la caza menor, así como la de ciervo, gamo y muflón. Los jabalíes, una especie que no está en peligro de extinción, pueden cazarse en todas las fincas, excepto en esta. De hecho, tras indicar que las principales especies de caza menor son conejo, liebre y perdiz, el texto aclara que se caza jabalí en la mayoría de los cotos de la comarca. Luego, no en todos. Al especificar las especies que se pueden abatir en cada uno de los cotos de Sierra Mágina, el jabalí sólo se omite en Cabeza Prieta. Así, en los de Villanueva, Las Rastras, Chaparral de Bornos, Cuatro Rosas, El Olivar, Sierra de la Cruz, Santiago el Mayor, Los Pinillos, Los Castillos, Los Hurones, Mata-Bejid, Jódar, Bercho, Las Ramblas, Virgen de la Fuensanta y Albanchez sí está permitida su caza. En la batida, además de jabalíes, se cazaron ocho muflones, cantidad que hay que sumar a la veintena de venados abatidos un día antes en la finca Nalvaltorno, del parque natural de Sierra Andújar, en la que también participaron el ministro y el titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Otro aspecto a resaltar es el precio de amigo que aceptó pagar Bermejo por la jornada cinegética de Navaltorno. En los cotos de Sierra Morena las batidas en las que se cazan venados superan de media los 3.000 euros e incluso algunos alcanzan los 7.000. Sin embargo, el ministro aseguró que pagó sólo 1.000 euros. La presencia de ambos en sendas cacerías un día después de que el magistrado activara la operación Gürtel, en la que investiga una supuesta trama de corrupción del PP, ha generado una gran polémica, avivada por las presuntas irregularidades que rodean a las dos jornadas de caza, entre las que destaca la falta de licencia del ministro para cazar en Andalucía, lo que ha motivado que la Consejería de Medio Ambiente abra un expediente informativo. Al respecto, la consejera, Cinta Castillo, aseguró ayer que «cualquier anomalía» en una cacería realizada en territorio andaluz lleva a la Administración autonómica a aplicar «todo el peso de la ley» contra los posibles infractores porque «existe un control exhaustivo» de la actividad cinegética. En este sentido, Castillo ha ratificado que la Junta ha abierto un expediente informativo «para determinar» la existencia o no de la correspondiente solicitud de licencia para cazar por parte del ministro de Justicia. En cualquier caso, la consejera ha recordado que Fernández Bermejo había reconocido que «no tenía licencia» para cazar en Andalucía, por lo que, una vez culminado el expediente informativo, habrá que ver «qué sanción hay que aplicar» por esa «falta de autorización» y adelantó que «oscilaría entre 600 y 4.000 euros de multa». Sigue leyendo...

Jueces por la Democracia, la asociación del ex ministro y portavoz del PSOE en el Congreso, Alonso, ha pedido la reprobación del ministro de Justicia. La asociación de jueces “progresistas” no apoya la huelga convocada para mañana día 18, sin embargo afirma que los jueces sí tienen motivos para ir a la huelga. “Jueces para la Democracia considera que los jueces están constitucional y legalmente legitimados para, en determinadas situaciones, hacer uso del derecho de huelga. Al mismo tiempo entiende que el actual grave deterioro de las condiciones de trabajo de los jueces puede valorarse como uno de esos presupuestos”. Ahora bien, consideran que deberían agotarse las posibilidades de negociación antes de adoptar esta medida límite. Eso sí, en lo que coinciden, no sin cierta contradicción con sus argumentos para no apoyar la huelga, es que con Bermejo al frente del ministerio esas negociaciones son prácticamente imposibles. “Jueces para la Democracia manifiesta públicamente su crítica a la actuación hasta el momento del Ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, instando su reprobación, así como el cambio de interlocutor, por haber carecido de la capacidad de diálogo y conciencia del respeto debido al Poder Judicial y demás agentes de la Administración de Justicia”. A diferencia de lo que sostiene El País, enrocado, tras el escándalo de la “cacería” contra el PP, en defender a Bermejo, el ministro es considerado como un sectario hasta por sus compañeros de carrera y los jueces más cercanos a las posiciones socialistas. Cuando PP y Jueces por al Democracia coinciden en exigir la dimisión de Bermejo, por mucho que El País se empeñe en disfrazar las cosas de otra manera, es que el culpable de la ruptura del pacto por la Justicia no es desde luego el PP. El dedo acusador señala a Bermejo y su incapacidad para desempeñar con un mínimo de independencia la cartera de Justicia, ministerio que cree poder manejar como un cortijo de esos a los que acude a cazar, a su antojo y para sus fines partidistas. Sigue leyendo...

El PP espera con ansia su cabeza. Después de que saliera a la luz el encuentro entre Bermejo y Garzón, el partido de Rajoy ha pedido su destitución. El miércoles es el día clave. Pero no sólo eso. La Administración de Justicia han convocado en principio una huelga para este lunes en reivindicación de sus demandas salariales y laborales. Esta protesta está apoyada por los secretarios judiciales y está convocada para dos días antes de la huelga de jueces que sustentan organizaciones como la asociación de jueces Francisco de Vitoria, el Foro Independiente Judicial y el Foro 8 de Octubre. Otro ministro de ZP que queda a los pies de los caballos. Ahora también la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que estaba contra la huelga la apoya, una vez que Mariano Rajoy decretó la ruptura con el Ministerio de Justicia hasta que no se produzca el cese de Mariano Fernández Bermejo. Jueces y magistrados de la práctica totalidad de órganos judiciales de toda España están convocados ese día a secundar la que sería la primera huelga de este colectivo en la historia. La protesta es respaldada por cerca del 20 por ciento de la Carrera, que apoyó la adopción de la medida en juntas de jueces celebradas el pasado 21 de enero en sus respectivos territorios y por dos de las cuatro asociaciones a las que pertenece el 40 por ciento de la Judicatura (Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente). Ante la inhibición al respecto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), jueces decanos, representantes de ambas asociaciones y de diferentes juntas acordaron en una asamblea celebrada ayer en Madrid el establecimiento de unos servicios mínimos que calificaron de "responsables", especialmente para las situaciones en las que puedan "estar en juego" los derechos fundamentales. Así, entre esos servicios mínimos estará garantizada la atención a los recursos contencioso electorales y a las cuestiones de las juntas para no interferir en el proceso electoral gallego del próximo 1 de marzo, así como en el del País Vasco. También entre las actuaciones que no sufrirán retraso por la huelga está el registro civil de matrimonios y, en materia penal, la celebración de juicios con causa con preso y las diligencias de servicios de guardia que afecten a derechos fundamentales como entradas y registros o intervenciones telefónicas. Los jueces han convocado este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y el CGPJ acepten sus reivindicaciones, que pasan por un incremento retributivo, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea y el no perder la agenda de los señalamientos (potestad que una reforma legal prevé asignar a los secretarios judiciales). La huelga es fruto del malestar del colectivo tras las críticas vertidas por el Gobierno central a raíz de la decisión del Consejo de sancionar con 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado, cuya actuación permitió que el supuesto asesino de la niña Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado por pederasta. Con motivo del 'caso Mari Luz', que evidenció la precariedad en la que trabajan los jueces, la Judicatura se movilizó a través de sus canales internos en Internet para escenificar su desazón en una jornada de huelga. Aunque el CGPJ entiende que no hay "cobertura legal" para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces, la Judicatura española se plantará por primera vez en la historia para denunciar la grave situación que afrontan. Con el respaldo a la huelga, FV y FJI se distanciaron de la propuesta consensuada el pasado 12 de enero con el resto de asociaciones (la Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia), que pasa por realizar meras concentraciones el día 18 a la puerta de los juzgados y una posible huelga para el 26 de junio. Pese a firmar dicho acuerdo, días más tarde las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente presentaron ante el órgano de gobierno de los jueves una convocatoria formal de huelga, desmarcándose de sus compañeros. Sigue leyendo...

“Invitamos a los periodistas que nos parece”, ha sido toda la explicación que han dado desde fuentes del departamento de comunicación del Ministerio, en una muestra del espíritu que rige en Justicia. El Ministerio de Justicia veta la asistencia de una periodista del Grupo de Publicaciones de Intereconomía a un desayuno informativo con el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, que se celebra mañana en la sede del Ministerio, según informa La Nación.es. A pesar de la insistencia de la redactora por acudir al acto, desde el gabinete de prensa del Ministerio le confirmaron que su medio no estaba invitado, sin dar ningún tipo de explicación. Al desayuno están invitados todos los medios que cubren habitualmente la información de Justicia y Tribunales. Es una muestra de la falta de respeto hacia el trabajo de una profesional de la información a la que están censurando e impidiéndole que ejerza su derecho a la libertad de información. Sigue leyendo...

Garzón y Bermejo se mofaron de quienes les criticaron por haber estado juntos en la cacería de Jaén. Pero ni uno ni otro han dado todavía explicaciones de quien pagó los 30.000 euros que costó el evento, al parecer aportados por un empresario de nombre Juan Carlos. Según pudo saber PD, una empresa española de primer nivel habría costeado la juerga. Así se las gasta Bermejo: el ministro pasó una factura de 30.000 euros a una empresa española por la montería en la que participó el sábado 7 de febrero, que según él, costó apenas 1.000 euros. Eso, como todo el mundo sabe, es calderilla es una montería como a las que acostumbra el ministro y sus amigos del Poder Judicial. Bermejo: "Probablemente la cacería fue inoportuna" El ministro de Justicia ha reconocido por fin que "probablemente" fue "inoportuna" la cacería en Jaén en la que coincidió con el juez Baltasar Garzón. Eso sí, ha descartado que vaya a dimitir por ello. Bermejo ha declarado a los periodistas que los que "disparan" contra Garzón por esa coincidencia, en referencia a dirigentes del PP, quieren "tapar graves problemas de corrupción". Ha señalado que el PP eleva esa coincidencia "inoportuna" con Garzón a la categoría de "conspiración" porque es algo que "sólo ocurre cuando se está tan desesperado" que se crea una "cortina de humo espesa", cuyo recorrido será "muy corto". La montería en la que participó el sábado 7 de febrero costó 1.000 euros que pagó de su bolsillo, según ha reconocido Bermejo. El ministro ha afirmado que no tuvo conversaciones privadas con Garzón porque cuando hablaron había "unas cincuenta o sesenta personas" delante, y ha atribuido lo que ocurre en el PP a las "luchas internas de poder" que existen. Vuelven los interrogatorios El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón retomará este lunes los interrogatorios a los imputados en la supuesta trama de corrupción que se dedicaba a sobornar a cargos públicos para obtener contratos y adjudicaciones y que fue destapada en la operación Gürtel. El magistrado tomará declaración hoy a nuevos imputados, aunque desde su juzgado no se ha precisado el nombre de estas personas. En total, ya han declarado ante Garzón ocho de los 37 imputados iniciales. De ellos, han ingresado en prisión preventiva el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, y sus dos principales colaboradores, su primo Antoine Sánchez, y el ex secretario general del PP en Galicia, Pablo Crespo. El juez decidirá también sobre la personación en la causa de la Comunidad de Madrid. Tras comparecer ante Garzón, quedaron en libertad la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, y el supuesto hombre de confianza del líder de la trama en Valencia, Alvaro Pérez Alonso, así como Felisa Jordán y Carmen Luis Cerezo. Según los datos que se conocen de la investigación, sobre la que pesa el secreto de sumario, la trama se dedicaba a sobornar a funcionarios y cargos públicos de ayuntamientos gobernados por el PP, así como de ciertas consejerías, principalmente en Madrid y Valencia. El pasado viernes, Garzón, después de rechazar la petición de personación en la causa formulada por el PP, advirtió de que algunos integrantes de este partido podrían estar implicados en la red de corrupción. El juez indicaba además que entre los implicados del PP podría haber algún aforado -diputado, senador o parlamentario autonómico-, lo que, de derivar en una imputación concreta, provocaría que Garzón tuviera que inhibirse, al menos parcialmente, y dejar la causa en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Superior de Justicia de alguna comunidad autónoma, previsiblemente en el de Madrid o en el de Valencia. Sigue leyendo...

«En toda revolución, lo primero que ha hecho siempre el pueblo ha sido asaltar las vallas de los cotos y, en nombre de la justicia social, perseguir la liebre o la perdiz», dejó escrito Ortega. Y Agustín de Foxá, en Madrid de Corte a checa, retrata al rey Alfonso XIII disparando a los pichones, mientras la «capital hostil» ya conspira contra él en cafés, bares, ateneos y tertulias. Subraya el siempre brillante Juan Manuel de Prada en ABC que esta lección la tiene bien aprendida la izquierda, que nunca ha privado al personal de sus desahogos cinegéticos, para que no se le revuelva mientras gobierna (esto es, mientras desgobierna). Pero como disparar contra liebres y pichones es, al fin, caza menor, que deja un regusto de pobretería, la izquierda se las ingenia para que el personal pueda entretenerse abatiendo piezas de caza mayor, que es lo que demanda una democracia fetén. Y, como matar ciervos y cabras montesas sólo está al alcance de los muy ricos (y de los que participan de gorra en las monterías, invitados por los muy ricos), la izquierda pone a disposición del personal otras especies venatorias más baratas que lo mantengan entretenido. Y aquí el catálogo cinegético que la izquierda despliega es de lo más profuso y variado: a veces son los curas, a veces los judíos, a veces los chivos expiatorios del PP, a veces los niños nonatos; y, si el peligro de revolución es acuciante -que ocurre cuando se vislumbran los cuatro millones de parados-, se sueltan en mogollón todas las especies venatorias, para que el personal pueda emplearse a gusto, dándole al gatillo, en un ejercicio de pimpampum grotesco en el que hasta el más inútil puede llevarse a casa su pieza. Y así, engolfado en el «hecho cinegético» -el ministro Bermejo dixit-, el personal aparca sus preocupaciones, mientras la izquierda se dedica a fabricar parados a mansalva, que es el modo más inequívocamente izquierdista de lograr una sociedad igualitaria. Para orquestar estas campañas cinegéticas la izquierda cuenta con el concurso de la prensa adicta, que entra al trapo como aquel becerrillo Idílico indultado por José Tomás, distrayendo al personal de sus trapisondas. Al Papa, por ejemplo, la prensa adicta le monta un aquelarre porque un obispo lefevriano ha reducido las dimensiones del Holocausto; y, mientras tanto, la izquierda puede afirmar risueñamente que la última campaña lanzada por el ejército israelí es un nuevo Holocausto, que como mínimo es una reducción mucho más alevosa que la del obispo lefevriano. Pero el personal se pone a disparar alborozado contra Benedicto XVI, a quien si algo distingue es su reverencia por el judaísmo; y hasta los judíos caen en la trampa, inconscientes de que el Holocausto se ha convertido en la coartada exculpatoria que la izquierda enarbola, a guisa de pelele en el que no cree (o sólo cree farisaicamente), para poder lanzar con impunidad sus proclamas antisemitas. Y así la izquierda procura al personal dos especies venatorias suculentas, la Iglesia católica y el estado de Israel -¡dos pájaros de un tiro!-, mientras puede dedicarse más cómodamente a lo suyo, que es fabricar parados como un descosido. Y como en lo suyo la izquierda funciona como una máquina perfectamente engrasada, el personal, cada vez más desocupado, necesita para no exasperarse que le pongan a huevo las piezas, como a Fernando VII le ponían las bolas de billar. En este suministro de especies venatorias los chivos expiatorios del PP proporcionan un recambio semanal a la prensa adicta, que cuando denuncia corruptelas siempre mira al mismo lado porque padece tortícolis. Y, entretanto, las trituradoras de los abortorios calientan motores, dispuestas a saltar la valla de los cotos y a convertir el «hecho cinegético» en una escabechina. Todo sea en nombre de la justicia social. Sigue leyendo...