ATIME fue una ONG de inmigrantes marroquíes surgida en Madrid, en 1989, donde tuvo su sede central, contando a su vez con delegaciones en Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Cartagena, Jaén, La Rioja, Murcia, Pamplona, Parla, Sevilla, Toledo y Valencia. Su objetivo era la defensa de los intereses particulares de los inmigrantes marroquíes en España. Para lograrlo actuó básicamente en los planos jurídico (asesoramiento y tramitación de documentos, entre otros muchos los relacionados con la discriminación positiva), logístico (proporcionar de manera directa bienes y otros servicios a los inmigrantes marroquíes), cultural (enseñanza de la lengua árabe a los hijos de los inmigrantes), propagandístico a favor del inmigracionismo y de la interculturalidad para España (dirigida esta propaganda, sobre todo, hacia la población española y utilizando con frecuencia para ello las infraestructuras escolares y las de las asociaciones de vecinos) y también político, como lobby o grupo de presión, con un nivel de confrontación bastante elevado. Y es que nada de España les gustaba a estos de ATIME, ni siquiera las permisivas leyes de extranjería (leyes que demostraron ser auténticos coladeros), o el discurso de los medios (a pesar de su conocida y demostrada xenomanía). Sorprende que, en coherencia con esta situación de constante y creciente malestar hacia la sociedad a la que acababan de llegar, no organizaran una especie de retorno voluntario a Marruecos. En el contexto del estado de permanente exaltación política e ideológica que caracterizó a ATIME, llegó incluso esta ONG a exigir explicaciones a los responsables del Ministerio del Interior, por el mero hecho de que la policía estaba cumpliendo, ¡por fin!, con una de sus obligaciones y funciones: la detención de inmigrantes ilegales. Lamentablemente, el gobierno del momento (gobierno carente de base nacional, como todos los habidos desde 1978) cedió a las presiones de esta ONG y de otras muchas ONGs inmigracionistas, así como a la presión ejercida por numerosos medios de comunicación y por determinados sindicatos, con poca afiliación y mucha subvención, preocupados por cualquier cosa excepto por enfrentarse a la burguesía y a sus agentes y evitar el deterioro imparable de las condiciones laborales del trabajador español; en este asunto, la ilegalidad de hecho volvió a instalarse en las calles españolas. Llegó a contar con 15.000 afiliados. Funcionaba tanto con personal contratado como con voluntarios. Participaba, a nivel europeo, en la Coordinadora de las Asociaciones Democráticas de Inmigrantes Marroquíes en Europa (CADIME) y en el Foro Europeo de la Inmigración y, a nivel nacional, en el Foro de Integración de los Inmigrantes. Pero el 26 de diciembre de 2006 tuvo lugar un suceso que no favoreció precisamente la imagen de ATIME: el presidente de la delegación de ATIME-Almería, Hanafi Hamza, fue detenido como presunto autor de un delito de estafa y de falsedad en documento público y mercantil. El hombre había montado una asociación ficticia (para lo que había falsificado la firma y datos de residencia de dos personas, a las que después reclamaba la Agencia Tributaria la percepción de unos rendimientos de capital obtenidos a través de una subvención pública que nunca recibieron). Y es que el presidente de ATIME-Almería se hizo con 24.000 euros que la Junta de Andalucía dio como subvención a esta ONG ficticia; si la Agencia Tributaria y la policía no hubieran intervenido se hubiera apropiado Hanafi Hanza de otros 24.000 euros de dinero público pendientes de ingresar en la cuenta de la ONG ficticia a la que sólo él tenía acceso. ATIME destituyó a Hanza, no sin recordar, significativamente, la presunción de inocencia del tal Hanza. Todo ello en el marco de una declaración grandilocuente, característica de esta ONG, en la que también se afirmaba que: "la trayectoria de Atime ha demostrado un alto nivel de transparencia y profesionalidad que no pueden ser perturbadas por cualquier conducta individual de cualquiera, sea o no miembro de la misma". Ya… Este escándalo que, como era previsible, casi no mereció atención por parte de los medios, no impidió que el V Congreso de ATIME se celebrara el 20 de febrero de 2009 en Parla (Madrid) con gran fanfarria, con la participación de 120 delegados y con el lema “Sumando en la ciudadanía”. Sólo en el año 2010, ATIME, sumando subvenciones, llegó a la cifra de 620.000 euros. Desde 2011 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social busca a sus responsables entre la ciudadanía para que justifiquen ese dinero recibido en 2010 (la justificación es obligatoria según el artículo 17 y siguientes de la Orden TAS/1043/2007 y el artículo 30 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones). Es mucho dinero, más de cien millones de pesetas, casi lo que consiguió Movimiento contra la Intolerancia en 2012. El 14 de octubre de 2011 nadie de ATIME Sigue leyendo...

(AW) Tras varios meses de gobernar con las armas, los militares hondureños junto con la oligarquía, lograron legitimar lo indefendible: el golpe de Estado y el derrocamiento de Zelaya. Aquí, las palabras de Pérez Esquivel, quien acusa a los EEUU de cómplice y gestor de esta violación a la democracia. Sigue leyendo...

Misteriosamente murió en un accidente de avión privado Mike Connell, asesor jefe de Karl Rove, principal consejero y estratega de Bush, cuando hacía frente a una citación judicial por el fraude electoral presidencial de 2004 en Ohio. Connell estaba acusado como figura central de un complejo diagrama para convertir electrónicamente -de un solo tirón- votos demócratas en republicanos. Sigue leyendo...

Desde el juzgado federal de Norberto Oyarbide (foto) la Justicia argentina analiza la documentación secuestrada sobre cheques relacionados con la provisión de medicamentos inexistentes, falsos o robados. La trama central tiene que ver con la distribución de medicamentos por parte de las obras sociales, en especial los productos más caros, que tienen que ver con cáncer, VIH y otras enfermedades graves y crónicas. Sigue un analisis de las maniobras dolosas Sigue leyendo...

Dentro de una semana, la inviolabilidad de las telecomunicaciones puede verse mermada en Europa si el Parlamento comunitario refrenda el acuerdo al que llegó ayer con la presidencia checa de la UE en virtud del cual desaparece la exigencia de una autorización judicial previa para el corte del acceso a Internet y deja en manos de los gobiernos decidir quién y cómo desconecta de la Red a los ciudadanos. El acuerdo nace tras semanas de negociación en las que, finalmente, se ha impuesto la visión de países como Francia, que el próximo lunes votará, previsiblemente, su ley de tres avisos, con la que quiere poner coto al intercambio y la descarga de contenidos en Internet. En un primer intento, la ley Sarkozy fue rechazada por la Asamblea francesa, donde desde ayer se vuelve a discutir el texto. En el ámbito continental, la Eurocámara quería que la legislación comunitaria dejara claro que no se podrá cortar el acceso a Internet a un usuario que realice descargas salvo si hay una decisión judicial previa, mientras la mayoría de gobiernos propugnaban que esa decisión estuviese en manos de un órgano administrativo, lo que podría dar pie a que la policía u otro organismo bloqueasen ese servicio. Finalmente, el Parlamento Europeo ha cedido a las presiones de Francia y ha aceptado las tesis de París, pese a considerar el acceso a Internet "un derecho fundamental". Así, el texto final, que será sometido a votación en la Eurocámara la próxima semana, señala simplemente que cualquier medida que se tome respecto a los usuarios debe respetar los derechos y libertades fundamentales (privacidad, libertad de expresión, acceso a la información) y debe ser recurrible ante los tribunales. Este texto no sólo no se contradice con la ley francesa sino que la legitima, según explicaron fuentes diplomáticas, que señalaron que no se modifica en ningún extremo la situación actual porque cualquier decisión administrativa ya pude recurrirse. El texto de compromiso reconoce que Internet es una "herramienta esencial" para la educación y el ejercicio práctico de la libertad de expresión y el acceso a la información y pide a la Comisión Europea que investigue el papel de la Red en el ejercicio práctico de dichos. La Eurocámara, la Comisión y el Consejo de la UE han señalado en repetidas ocasiones su voluntad de concluir las negociaciones del nuevo marco regulador comunitario de las telecomunicaciones antes de las elecciones europea, convocadas para el próximo 7 de junio, con el objetivo de no esperar a que se forme un nuevo Parlamento y que la legislación pueda entrar en vigor lo antes posible. Sigue leyendo...

Los sueldos, como las estadísticas, se prestan a muchas interpretaciones. Si el salario cae un 14% en un año, el afectado lo definirá como una reducción drástica. Si esta rebaja se da en la nómina de 45 de los profesionales mejor pagados del mundo, con un sueldo medio de 19 millones de dólares, el ciudadano de a pie, y no digamos aquél que pasa el día en la cola de la oficina de empleo, lo considerará peccata minuta. Explica David Fernández en El País que en EEUU, los ejecutivos de las 30 compañías del índice Dow Jones más los directivos de las 15 mayores empresas del S&P 500 ganaron, de forma conjunta, 836 millones de dólares en 2008, un 14,8% menos que en 2007. La caída de la retribución no se ha debido a un recorte en el salario base, sino al desplome de la parte variable ligada a los beneficios y al precio de las acciones. El sector financiero es el que sufre los recortes más severos. Lloyd C. Blankfein (Goldman Sachs) ha visto cómo su retribución total se ha recortado un 98%, al pasar de 70 millones de dólares a poco más de un millón. Por su parte, los sueldos de James Dimon (JPMorgan) y Kenneth Lewis (Bank of America) bajaron un 42% y un 59%, respectivamente. El directivo mejor pagado de Wall Street en 2008 fue Ray Irani (Occidental Petroleum), que se embolsó 60 millones de dólares. Si a la retribución se le suma la ejecución de opciones sobre acciones concedidas en ejercicios anteriores, Irani ganó 223 millones. Algo parecido ocurre con el presidente de Oracle. La retribución oficial de Larry Ellison en 2008 fue de 48,4 millones, aunque, si se le añade la ejecución de opciones, sus ingresos suben a 544 millones. Las retribuciones más modestas se encuentran entre los ejecutivos del sector tecnológico. Steve Jobs (Apple) recibió la simbólica cifra de un dólar en 2008, Eric Schmidt (Google) tuvo una retribución de medio millón de dólares, mientras que Steve Ballmer (Microsoft) ganó 1,3 millones. Los sueldos de los directivos han destapado en los últimos meses la ira de políticos, accionistas y contribuyentes. Hay un consenso acerca de que la estructura de las remuneraciones, con gran peso de los incentivos por los resultados a corto plazo, ha sido una de las causas de la crisis del sector financiero, al precipitar una mala gestión del riesgo que, a su vez, ha acelerado la recesión económica mundial. Esta ira ha ido en aumento a medida que se han tenido que rescatar con dinero público bancos cuyos directivos se han hecho de oro en los últimos años. Todo este caldo de cultivo ha empujado a la nueva Administración estadounidense a fijar una serie de límites a los salarios de los ejecutivos de aquellas entidades que reciben dinero público. Entre las principales novedades impuestas por el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, se encuentran: fijar un límite de 500.000 dólares para los salarios; que la ejecución de las opciones sobre acciones sólo se haga cuando el Estado recupere toda su inversión; prohibir los blindajes en caso de despido, y establecer cláusulas para que los directivos tengan que devolver los bonus en el caso de que se hayan detectado malas prácticas. Pero Geithner quiere ir más allá y ha abierto un debate con el fin de introducir cambios regulatorios para hacer posible que los sistemas de compensación "estén alineados con una apropiada gestión del riesgo, la creación de valor a largo plazo y el crecimiento". Una de las prácticas que se quiere popularizar es la conocida como say on pay (opinar por pagar). Esta iniciativa, que reivindican desde hace años las organizaciones de pequeños inversores, establece que en el orden del día de las juntas figure un punto en el cual los accionistas puedan votar (el voto sería no vinculante) sobre los salarios. Algunas compañías ya han dado el visto bueno al sistema say on pay. Las últimas en aprobarlo son Apple y Pfizer. Sin embargo, en la mayoría de los casos la propuesta es rechazada por los accionistas, como acaban de hacer en Abbot y J&J. Sigue leyendo...

La mentira como método de gobierno ha sido una constante de Zapatero desde que llegó al poder. La novedad ahora, con la mentira aplicada a la situación económica, es la irritación que está provocando por primera vez entre los suyos. Como explica Edurne Uriarte en ABC, antes, a lo mismo lo llamaban optimismo, y pensamiento mágico, los críticos más bondadosos. Los demás lo llamábamos simplemente mentira, con un éxito más bien limitado, puesto que el pensamiento mágico atribuido al líder acabó atrapando a unos y otros. Y llegaron a convencerse de que se trataba de la ingenuidad de un idealista y de que el idealista tenía, además, una varita para convertir sus deseos en realidad. Poco importó que hubiera todo tipo de evidencias de sus mentiras sobre ETA y la auténtica realidad de la negociación. Tampoco el constante engaño de unos y otros en el debate autonómico. La preocupación de los seguidores de Zapatero sólo comienza a ser significativa ahora, cuando le escuchan asegurar que ya hemos pasado lo peor de la crisis económica y que ve signos de recuperación allí donde los datos, los expertos y todos los líderes internacionales reconocen una profundización de la crisis. Ha sido la última de sus boutades, y van muchas desde que comenzó negando la crisis. Los suyos aventuran que pudiera tratarse de una estrategia calculada para contener el descontento hasta que el inicio de la recuperación llegue de verdad, antes de 2012 con un poco de suerte. Pero, si así fuera, se asombran de la torpeza de su líder, cuando el reconocimiento de los hechos sería política y electoralmente mucho más eficaz. Se acabaron el optimismo, el idealismo y el pensamiento mágico. Desapareció la flor en el culo. Ni siquiera está claro aquello de que «pero gana elecciones», que diría Sarkozy. Para los cercanos, queda la torpeza. Y para los demás, lo de siempre, la mentira como estilo de poder. Sigue leyendo...

El presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Eduardo Bautista, atribuye la "mala imagen" de la entidad a la remuneración por copia privada que promulgaron, momento en que "la cosa se fastidia" porque las asociaciones de internautas emprendieron un "ataque frontal". "Pero no estamos para ser simpáticos, estamos para ser eficientes", remacha Bautista, que asume que "alguna culpa" tiene la SGAE -"pero no la mayor"- de la imagen negativa que la sociedad se ha creado de ella, y clama porque la clase política haya "sucumbido extrañamente al clamor" de la democracia digital. Bautista, que compareció esta semana en rueda de prensa en la SGAE de Barcelona para presentar el balance de la gestión de la entidad en 2008, reconoció que tienen que esforzarse en proyectar su trabajo "con un mejor gesto" para que la sociedad deje de verles como los malos de la película, aunque, según el directivo, no se les puede "acusar de falta de cordialidad". A instancias del ex ministro de Cultura, César Antonio Molina -el primero que explicitó la necesidad de defender a los autores, según Bautista-, la SGAE se sometió a una auditoría de calidad de gestión, que ejerció durante medio año la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). El informe resultante señala "aspectos mejorables" de la SGAE, algunos de los cuales son "asumibles", dijo Bautista sin especificar a cuáles se refería. "Siempre hemos dicho que nuestro sistema era mejorable", indicó Bautista, quien avanzó que la SGAE comparará tarifas con otras sociedades de gestión europeas para demostrar que está "en el paradigma usual". "Espero que defienda la creatividad como el ministro Molina", deseó Bautista sobre la nueva ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, de quien destacó que le resulta "prudente, estudiosa e inteligente". Más mujeres creadoras Si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se esmeró por conseguir la paridad en su gobierno, la SGAE la tiene en su plantilla -en el conjunto de sus centros de trabajo hay un 51% de mujeres y un 49% de hombres (el total son 473 trabajadores)- pero no entre sus socios. La cantidad de autoras asociadas es "minoritaria pero creciente", aseguró la SGAE, ya que en 2008 se dieron de alta 601 mujeres, la quinta parte de los nuevos socios. El incremento de socios en 2008 (3.703, de las cuales 702 se afiliaron en Cataluña) no fue correlativo a los ingresos sociales que tuvo la entidad, ya que después de cuatro años de crecimiento sostenido, en 2008 las ganancias de la Sgae se desplomaron: en 2007 ingresaron 377 millones de euros y en 2008, 334. El reparto que hizo la SGAE entre sus socios, administrados y sociedades extranjeras fue de 363 millones de euros, 32 millones menos que el año anterior (en 2007 se repartieron 395, culminando una progresión ascendente y continua desde 2004, cuando se repartieron 295). Bautista destacó que el reparto económico entre los socios sólo disminuyó un 8% en 2008 respecto a 2007, menos de lo que cayó el mercado (un 11,5), por lo que se congratuló por haber conseguido un 'down sizing' en la entidad, es decir, disminuir el funcionamiento a un tamaño sostenible para afrontar la crisis. Sigue leyendo...

El PNV ha extendido sus redes de poder a través del alto funcionariado en el País Vasco. El futuro equipo de Patxi López se va a encontrar a su llegada al Gobierno con una Admininistración prácticamente copada en sus niveles de máxima responsabilidad por un funcionariado de militancia o confianza peneuvista y que, además, habrá regresado a sus plazas en propiedad procedente precisamente de los cargos en el Gobierno de los que les desalojan quienes en adelante serán sus jefes políticos. La complicación e incomodidad de la situación está servida para ambas partes. La operación de relevo en el Gobierno va a poner en juego la explicable desconfianza de los cargos políticos socialistas entrantes ante unos subordinados que han ocupado antes su lugar y tienen una acreditada pertenencia o fidelidad al partido que es su principal oponente político y que, además, está digiriendo lentamente su abandono del poder. A su vez, para los cargos peneuvistas salientes la vuelta a sus plazas de funcionarios supone pasar de dirigir y decidir a someterse a las órdenes de quienes llegan, sobre cuya capacidad y experiencia tienen muchas reticencias, añadidas a la discrepancia política, tal y como informa El País. ¿Cómo va a funcionar esa inevitable cohabitación? Es una pregunta para la que sólo habrá respuesta con el transcurso del tiempo. En el PSE-EE no se albergan dudas, al menos oficialmente. Según el secretario de Organización, Rodolfo Ares: "Estoy seguro de que quienes tengan que volver a puestos técnicos del Gobierno tendrán el comportamiento profesional que se requiere, y que ellos han requerido y tenido de quienes han trabajado con ellos. Estoy seguro de que nos encontraremos con un funcionariado profesional que colaborará con un Gobierno que es resultado de la voluntad de los ciudadanos". A ese problema va a superponerse otro: el corrimiento que se producirá cuando los altos cargos salientes desembarquen en sus plazas provocará el desalojo de quienes las han ocupado hasta ahora y el consiguiente desplazamiento de éstos hacia las suyas, ocupadas a su vez por otros funcionarios. Esa cadena terminará en los interinos, que serán quienes pierdan el puesto que ocupan en la administración. Sigue leyendo...

Le están dando más de un dolor de cabeza. Pepiño Blanco no dice nada, pero seguro que este sábado -al ver a los vecinos manifestándose anrte Zapàtero- maldijo por dentro el día que se ocurrió comparse un ático de lujo en Villa-PSOE, la urbanización de lujo construida en la Isla de Areno, vulnerando Ley de Costas y hasta el sentido común. En la ciudad de Pontevedra y delante del edificio cultural donde el presdiente Zapatero clausuraba este sábado el congreso de los socialistas gallegos, cientos de manifestantes con pancartas exigían responsabilidades al Gobierno socialista, que ponga fin de una vez con el escándalo que se produce día tras día en nuestras costas de manera arbitraria, afectando a miles de personas humildes que se ven abocadas a quedarse sin la propiedad de las casas en las que viven y han vivido durante años sus antepasados. Las pancartas han sido llamativas. En una de ellas, los vecinos recordaban al presidente, a José Blanco y a todos los que han adquirido residencias de veraneo en la urbanización ilegal, que ellos han heredado sus casas de sus padres y que la nueva carretera dejará sin ellas a muchos de ellos. Exigían el mismo trato, con pancartas significativas, que se les da a las DACHAS del escándanlo conocido como VILLA PSOE, que permite obrar en zonas en las que no se podía levantar ni un solo ladrillo favoreciendo a una clase determinada: a la política, llegando incluso a tirar casas en la Isla de Arosa para realizar una carretera directa a los garajes que alojan a los políticos y autoridades beneficiadas, entre ellas el Ministro de Fomento Don José Blanco. VILLA PSOE saltó al conocimiento de la opinión pública a través de un informe y de la actuación de miembros del Sindicato Unificado de la Guardia Civil “SUGC” y de su Vicepresidente Don Raimundo Piñeiro, el cual denunció en repetidas ocasiones al Ministro de Fomento, por amenazas y coacciones en un acto público. Este sindicato de Guardias Civiles presentó por primera vez en la historia de España la recusación del Fiscal General del Estado manifestando que tenía intereses directos en VILLA PSOE, escándalo denominado con este nombre debido a que la élite de este partido se sospecha hayan adquirido plaza en este monumental edificio a treinta pasos de la playa, un lujo con contrasta con la manifestación de Pontevedra por los afectados de derribos de sus viviendas. LOS VECINOS MOVILIZADOS "Los ciudadanos no se amedrentan fácilmente". Desde hace bastantes meses, cientos de ciudadanos, encabezados por la Confederación de Afectados por Estafas Inmobiliarias (Cafines) se manifiestan contra la construcción de Villa PSOE, un bloque de apartamentos de lujo entre cuyos futuros inquilinos figura José Blanco y otros destacados dirigentes socialistas. Ello a pesar de las "intensas" presiones recibidas por parte del alcalde de la localidad, José Manuel Vázquez (PSdeG), quien ha llegado a demandar a esta asociación por un delito contra el honor. El ático del secretario de Organización del PSOE es uno de los mejores inmuebles de la polémica promoción Residencial Illa de Arousa, un bloque de apartamentos erigido a escasos 20 metros del mar, lo que, según Cafines, vulnera tanto la Ley de Costas como la Ley Gallega del Litoral. Resulta paradójico que las casas contiguas, con décadas de antigüedad, estén amenazadas por la misma Ley que parece no afectar a Villa PSOE. “La demanda no nos preocupa para nada. Es más, nos da pie para empezar a pedir pruebas. No olvidemos que Feijóo -candidato popular a la Xunta de Galicia- ha declarado que el Fiscal General de Estado (Cándido Conde-Pumpido) tiene aquí un apartamento”, afirma José Carlos Piñeiro, un abogado que representa a Cafines. El escándalo de Villa PSOE, "un inmueble totalmente legal", según declaró a este diario un portavoz de Blanco, ha irrumpido de lleno en la campaña electoral gallega para los comicios autonómicos del próximo 1 de marzo. No es para menos. Cafines ha denunciado la redacción ad hoc de un nuevo Plan Urbanístico para reconvertir el suelo rústico en urbano, lo que permite construir sin guardar la obligada distancia con la costa (100 metros). La asociación afirma que los terrenos bajo el bloque de apartamentos no eran urbanos antes de 1988, ni tampoco cuando se aprobó el Plan General definitvo de la Isla de Arosa en 2002. "Hay gente que lleva viviendo siglos en la costa y sus viviendas se han visto afectadas por la Ley. Aquí, si eres socialista y del Gobierno, la vara de medir es diferente. Toda esta gente va a presentar una demanda contra Blanco, probablemente la semana que viene”, añade Piñeiro. Cafines, que desde septiembre de 2007 ha solicitado de forma reiterada al Ayuntamiento de la Isla de Arosa documentación de las obras, asegura que la Xunta y el departamento de Costas abrieron expediente en su día e, incluso, obligaron a pagar multas a las viviendas que están detrás del edif Sigue leyendo...