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JUECES COLABORACIONISTAS: Los tribunales congelan la expulsión de sin papeles a cambio de multas
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Enviado por
Leon_Riente
hace 7 meses, 3 días, 8 horasLA JUSTICIA ESPAÑOLA DE VERGUENZA, NO APLICA LA LEY. La expulsión de inmigrantes sin el correspondiente permiso de trabajo tiene sus límites. Así lo han establecido diversas sentencias dictadas en las últimas semanas por varios tribunales superiores de justicia, que han paralizado la expulsión de inmigrantes ‘sin papeles’ a cambio de multas que oscilan entre 300 y 2.000 euros. Los tribunales entienden que para obligar a salir de España a un inmigrante irregular no basta con que éste carezca de permiso de trabajo, sino que, además, deben concurrir otras circunstancias, como son la existencia de una orden de expulsión previa o el hecho de que el ciudadano extranjero tenga en su poder documentación falsa.
La última sentencia ha sido dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), y lleva fecha del cinco de noviembre pasado. El tribunal considera que la expulsión de un inmigrante a su país requiere “una motivación específica y distinta de la pura permanencia ilegal, ya que ésta es simplemente castigada con multa”.
Los jueces entienden que si la Administración se decide por expedir una orden de expulsión, ésta deber ser motivada, ya que en principio, como se ha dicho, la permanencia ilegal en el país es sancionable únicamente con una multa. Y entre las causas de expulsión -el agravante de la pena- se hallaría el hecho de que el inmigrante no tuviera documentación alguna o que ignorara cuándo y por dónde entró en España, además de invocar una falsa nacionalidad. Si no se dan estos supuestos, el TSJPV entiende que únicamente se podrán multar al inmigrante.
En concreto, y en el caso sentenciado, los jueces imponen al inmigrante una multa de 1.500 euros, dejando sin efecto la orden de expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya en resolución del 4 de septiembre de 2006. La orden de expulsión se decretó contra una ciudadana brasileña debidamente documentada y con domicilio acreditado en Bilbao, que entró por el aeropuerto de Barajas el 18 de agosto de 2005, por lo que en el momento de los hechos llevaba nueve meses de estancia irregular en España.
La sentencia del TSJPV es coherente con otra redactada por el mismo tribunal unos días antes, en la que revocaba una resolución del Juzgado de lo Contencioso que imponía la orden de expulsión. En su lugar, condenó al inmigrante a pagar una multa de 2.000 euros, bajo el principio de la proporcionalidad entre el delito y la pena.
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